Bancarrota en Tennessee

La bancarrota del Capítulo 13 permite a los deudores de Tennessee conservar todos sus bienes comprometiéndose a un plan de pago aprobado por el tribunal que dura 3 años (ingreso por debajo de la mediana) o 5 años (ingreso por encima de la mediana). Es la herramienta principal para detener una ejecución hipotecaria y ponerse al día con los atrasos de la hipoteca.

La bancarrota del Capítulo 7 elimina la mayoría de las deudas no garantizadas mediante un proceso de liquidación supervisado por el tribunal. Quienes presentan en Tennessee deben pasar una prueba de medios económicos, usar las exenciones estatales de Tennessee para proteger su propiedad y, por lo general, reciben una cancelación dentro de los 4 a 6 meses de la presentación.

La bancarrota en Tennessee es un proceso de tribunal federal regido por el Título 11 del Código de los EE. UU., pero las exenciones que protegen su propiedad provienen de la ley estatal de Tennessee. La mayoría de las personas presentan el Capítulo 7 (4 a 6 meses) o el Capítulo 13 (plan de pago de 3 a 5 años).

No toda deuda se elimina en la bancarrota. Bajo 11 U.S.C. § 523, ciertas deudas sobreviven a una cancelación del Capítulo 7 o del Capítulo 13: las obligaciones de manutención familiar, la mayoría de los préstamos estudiantiles, los impuestos sobre la renta recientes, las deudas incurridas por fraude y las deudas por lesiones de DUI, entre otras.

Tennessee optó por excluirse del esquema federal de exenciones de bancarrota, por lo que los deudores usan las propias exenciones de Tennessee (T.C.A. Título 26, Capítulo 2). Protecciones clave: vivienda (homestead) hasta $35,000 ($52,500 en conjunto), un comodín (wildcard) de $10,000 para cualquier propiedad personal y protección esencialmente ilimitada de las cuentas de jubilación.

Presentar una petición de bancarrota en cualquier tribunal federal de distrito de Tennessee activa de inmediato la suspensión automática bajo 11 U.S.C. § 362. La suspensión es una orden judicial federal que detiene prácticamente toda la actividad de cobro — llamadas telefónicas, demandas, embargos, ejecuciones hipotecarias — mientras dure el caso.